La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un exhorto formal al Gobierno del Estado de Puebla para que revise la redacción del artículo 480 de su Código Penal, recientemente reformado para tipificar el delito de ciberasedio, con el objetivo de garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión.
El organismo nacional reconoció la importancia de que los estados implementen medidas legales para prevenir y sancionar la violencia digital, especialmente en un contexto donde niñas, niños y adolescentes pueden ser víctimas de agresiones en línea. No obstante, expresó su preocupación ante la ambigüedad de la redacción del nuevo artículo, la cual podría dar pie a interpretaciones que limiten indebidamente el derecho a manifestar ideas y opiniones en espacios digitales.
El artículo 480, publicado este mes en el Periódico Oficial del Estado, establece penas de hasta tres años de prisión y multas que alcanzan los 300 días de salario mínimo para quien, mediante medios digitales, redes sociales o plataformas virtuales, “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”. La CNDH advierte que, debido a su falta de precisión, podría utilizarse como herramienta de censura indirecta.
“Sin menoscabo de la importancia de proteger la integridad emocional de las personas, especialmente de grupos vulnerables, preocupa que se abra la puerta a restringir expresiones legítimas de crítica o debate público”, enfatizó la Comisión en un comunicado oficial.
La CNDH subrayó que la libertad de expresión es uno de los pilares de toda sociedad democrática y debe protegerse contra cualquier forma de censura, directa o indirecta, tal como lo establecen el artículo 6° de la Constitución Mexicana y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por ello, exhortó a las autoridades poblanas a reformular el artículo para que cumpla con los principios de legalidad, certeza y proporcionalidad, evitando que se utilice el derecho penal como un instrumento para inhibir el debate público o castigar opiniones disidentes.
Finalmente, la Comisión adelantó que ya trabaja en una Acción de Inconstitucionalidad que, en su momento, presentará para garantizar que la normativa local se ajuste a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
“La CNDH reitera su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos y continuará vigilando que los marcos normativos locales respeten los principios de un Estado democrático de derecho”, concluyó el organismo.
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