Durante el Segundo Foro de la recién aprobada "Ley de Ciberseguridad" en el Congreso del Estado, el presidente de la Asociación de Periodistas, Reporteros Gráficos y Comunicadores de Puebla (ASPEC), Valentín Paredes Hernández entregó la propuesta de adición al artículo 480 del Código Penal del Estado, el cual busca se garantize la libertad de expresión.
Aunque, destacó que lo ideal para garantizar la sociabilización y divulgación de la mencionada Ley, es derogar este artículo.
Paredes Hernández entregó después de participar en el segundo Foro de Divulgación de la Ley de Ciberseguridad, a la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el legislativo poblano (JUGOCOPO), Laura Artemisa García Chávez la propuesta hecha por la ASPEC. Y que describe lo siguiente:
“Lo anteriormente dispuesto en el presente artículo, no será aplicable para los casos en que las expresiones, manifestaciones, peticiones o reclamos realizados a través de los medios electrónicos señalados, tengan por objeto la crítica, denuncia, participación o expresión de interés público, realizadas por aquellas personas que, de acuerdo a su profesión se dediquen a las labores del periodismo; al activismo social y/o defensa de derechos humanos, así como a cualquier ciudadano activo socialmente; siempre que estas se enmarquen en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información o el derecho de petición; especialmente respecto de asuntos relacionados con autoridades gubernamentales, funcionarios y servidores públicos o temas de relevancia social”.
De la misma forma, el presidente juvenil de la ASPEC, Jesús Báez Ochoa exhortó a los diputados de la LXII legislatura poblana a que se retomé la iniciativa de reforma para la protección de periodistas presentada junto con diputado del Partido del Trabajo (PT), José Luis Figueroa misma que propone incrementar sanciones a las personas que amenacen, agredan o cometan homicidio contra periodistas.
Cabe reiterar que la ASPEC se pronunció a favor de derogar el artículo 480 de la recién aprobada "Ley de Ciberseguridad" debido a su ambiguedad para aplicar sanciones y pone en riesgo de acotar la libre expresión para realizar reclamos sociales a la función pública, críticas a gobiernos y sucesos de interés social.
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