San Andrés Cholula, Puebla. — La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, negó que trabajadores del Ayuntamiento hayan incitado o participado en los actos de violencia registrados durante la marcha de la Generación Z realizada el pasado 15 de noviembre en Puebla capital.
En declaraciones recientes, la edil panista insistió en que su administración no tolerará agresiones provenientes de ningún actor político o gubernamental.
“No toleramos que esa violencia venga de un líder gubernamental o político”, afirmó Cuautle, al rechazar las versiones que vinculan a funcionarios municipales con los incidentes.
Las declaraciones de la alcaldesa surgieron luego de que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señalara públicamente la presunta presencia de trabajadores de San Andrés Cholula infiltrados entre los participantes, incluso mostrando videos difundidos en redes sociales. En uno de ellos, se observa la agresión contra un adulto mayor, hecho que fue condenado de manera generalizada.
Tensión política y presión mediática
A pesar de que el Ayuntamiento se deslindó de inmediato, el tema ha generado presión dentro del entorno político local, donde, según analistas y voces ciudadanas, la familia Tlatehui–Cuautle enfrenta un escenario especialmente delicado.
Esto se debe a que el exalcalde y esposo de la actual presidenta, Edmundo Tlatehui, tiene observaciones señaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre su cuenta pública 2023, con un presunto daño patrimonial estimado en 357 millones de pesos. De acuerdo con la ASE, las observaciones son de carácter grave y podrían derivar en procedimientos administrativos o incluso penales, dependiendo de su evolución.
Además, existen señalamientos públicos —aún no resueltos por autoridades competentes— relacionados con presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión.
Un clima político que se complica
En este contexto, especialistas apuntan que cualquier vinculación del Ayuntamiento con los hechos violentos del 15 de noviembre podría aumentar el desgaste político del actual gobierno municipal.
El gobernador Armenta fue enfático en su postura al advertir que los hechos, de confirmarse, serían graves, sobre todo porque la agresión registrada pudo escalar a consecuencias fatales. El mandatario cuestionó públicamente si quienes participaron buscaban “manchar” la manifestación mediante actos extremos.
Mientras tanto, la administración de San Andrés Cholula insiste en que ningún servidor público participó en la marcha y exige una investigación objetiva, en la que, aseguran, están dispuestos a colaborar.
A la espera de definiciones
Las investigaciones que puedan emprender la Fiscalía General del Estado o la ASE serán determinantes para aclarar tanto los incidentes de la marcha como la situación administrativa del exalcalde.
Por ahora, el caso sigue generando tensión entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento sanandreseño, en un escenario donde los señalamientos políticos se intensifican conforme avanzan las revisiones y se difunden nuevos materiales en redes sociales.
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